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Temas de Planificación nº126
CAPS Consultores
CAPS Consultores es una consultora integral conformada por profesionales de ciencias económicas, ciencias jurídicas, psicología y recursos humanos entrenados para actuar interdisciplinariamente en la prevención de conflictos y estructuración de un futuro promisorio para personas, empresas y familias. CAPS Consultores aplica el método de Planificación Patrimonial, Sucesoria y Financiera elaborado por su fundador y Director General, Dr. Leonardo J. Glikin.
¿Inscribir los Bienes Personales a Nombre de una Sociedad?
“Hecha la ley, hecha la trampa”, sostiene un dicho popular, que es perfectamente aplicable a los casos en que alguien constituye una “sociedad patrimonial”, es decir, una sociedad que no persigue un objetivo de lucro, sino que tiene el objetivo de contener determinados bienes.

Históricamente, las sociedades (en especial, las anónimas) han sido un instrumento utilizado para:

a) sustraer del riesgo comercial de su titular, los bienes inscriptos a nombre de esa sociedad.
b) evitar la tramitación de una sucesión, en caso de fallecimiento del titular (esto era especialmente factible cuando, hasta hace un poco más de dos décadas, se admitían las acciones al portador).
c) generar, en la práctica, una especie de usufructo en beneficio del titular del patrimonio
d) mantener el patrimonio sin dividir.


¿Dónde está la ley, y dónde está la trampa, en relación a este tema?
En primer lugar, el impuesto establecido por la ley nº 26893 viene a tornar especialmente oneroso el traspaso de acciones de las sociedades, ya que corresponde tributar el 10 % de su valor.

En segundo lugar, los dividendos de las acciones pasaron a estar gravados con un impuesto de ese mismo tenor.

En tercer lugar, en la medida en que el Estado pasa a tener un interés particular en la determinación del valor de las acciones, y en la distribución de dividendos, no es descartable que se sucedan nuevas medidas, tanto de control respecto de los valores de las acciones, como de inducción a que se determinen dividendos.

En cuarto lugar, es necesario revisar el concepto de la “sociedad patrimonial”, y los riesgos que puede correr quien la constituye y usufructúa.

Porque la Ley de Sociedades argentinas está consagrada a las sociedades comerciales, es decir, las que reciben aportes de los socios  "para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas", de acuerdo al art. 1 de la ley referida.

Por lo tanto, si alguien pretende escudarse en una sociedad para sostener su patrimonio, pero no busca el lucro, puede enfrentarse a otros titulares de acciones (por ejemplo, un heredero) que pidan la aplicación estricta de la Ley de Sociedades, lo que puede implicar, por ejemplo, el reclamo de que se designe un interventor para que informe respecto de las actividades comerciales de la sociedad. Y, si se determinara que la sociedad no persigue fines comerciales, el heredero litigante podría plantear una serie de medidas para obtener su parte, sin necesidad de aceptar la figura de la sociedad.

Dicho en otros términos, el Estado no ampara la existencia de una sociedad con la exclusiva finalidad de contener un patrimonio, y, si bien no actúa por iniciativa propia en esos casos, sí podría intervenir en caso de que algún accionista se considerara damnificado.

¿Y si la sociedad anónima no sirve para la Planificación Patrimonial, qué figura se podría aplicar?

Desde hace más de 18 años está vigente la ley 24441, que ha remozado y actualizado la figura del fideicomiso.
El fideicomiso es el instrumento más eficiente para realizar una Planificación Patrimonial de un patrimonio con algún grado de complejidad, dado que permite cumplir diversos objetivos del titular del patrimonio.

En el fideicomiso, el titular del patrimonio (denominado FIDUCIANTE) dispone transferirlo a nombre de un FIDUCIARIO (que puede ser una persona física o una sociedad) para que el patrimonio sea administrado a favor del beneficiario (que puede ser el propio titular y su cónyuge, estableciéndose que, al finalizar el fideicomiso (al producirse, por ejemplo, el fallecimiento del último de los beneficiarios, o en un plazo máximo de 30 años, renovable) el patrimonio pase a nombre de los FIDEICOMISARIOS – normalmente, los herederos - que son la estación terminal del fideicomiso.

A su vez, se puede definir que los fideicomisarios también ocupen el lugar de beneficiarios durante un tiempo determinado, lo que implica establecer, en la práctica, la indivisión del patrimonio.

En todo caso, si luego de fallecido el constituyente del fideicomiso algún heredero considerara que ha quedado afectado su derecho a la legítima hereditaria, podrá realizar el planteo correspondiente, pero la situación será menos engorrosa, para las partes involucradas, que cuando se cuestiona una sociedad que se ha utilizado como instrumento para la Planificación Patrimonial.

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